Buenos días a todos los presentes académicos, compañeros y ciudadanos. Hoy nos reunimos aquí no solo como ciudadanos de un territorio, sino como los encargados de cuidar el único hogar que tenemos. Pero debemos ser realistas: hoy en día vivimos en una contradicción total.

Por un lado, nos alegra ver los avances de la tecnología, el crecimiento de las ciudades y los números positivos de la economía. Sentimos que estamos modernizándonos y teniendo éxito.

Pero por el otro lado, nos estamos convirtiendo en testigos silenciosos de la destrucción de nuestra propia naturaleza.

Mientras celebramos la llegada del cemento y las grandes construcciones, dejamos que nuestros ríos se llenen de basura y contaminación. Mientras aplaudimos el progreso económico, permitimos que la tala ilegal destruya nuestros bosques amazónicos. Y lo más grave de todo: mientras la economía crece, permitimos que el aire que respiramos esté cada vez más contaminado.

No podemos seguir llamando "progreso" a destruir nuestra propia casa. No tiene ningún sentido buscar el éxito de hoy si estamos poniendo en riesgo el futuro del mañana.

En un mundo donde el progreso a menudo compite ferozmente con la naturaleza, se vuelve imperativo detenernos a reflexionar. Debemos recordar una verdad inmutable: nuestra existencia, nuestra salud y nuestro pleno desarrollo dependen directa e inevitablemente de la salud de nuestros ecosistemas. No somos una especie aislada; somos parte del tejido de la vida. Y es precisamente para regular, proteger y armonizar esa relación entre el ser humano y su entorno que nace la norma jurídica que hoy nos convoca: la Ley General del Ambiente.

Nuestra legislación, a través de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, no es un simple conjunto de prohibiciones o un compendio de buenas intenciones. Es, en esencia, un pacto social y ético. En su primer artículo, la ley nos otorga un derecho irrenunciable y fundamental: el derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

Este no es un privilegio que el Estado nos concede por benevolencia; es la base misma sobre la cual se construyen todos los demás derechos humanos. ¿De qué sirve el derecho a la salud si el agua que consumen las comunidades rurales está contaminada con metales pesados? ¿De qué sirve el derecho a la vivienda si construimos sobre suelos inestables o vulnerables al cambio climático? Si el entorno que nos rodea está enfermo, nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras familias también lo estarán.

Pero la genialidad de esta ley radica en que no se limita a enunciar el derecho, sino que lo sustenta en principios jurídicos universales que guían la justicia ambiental. Debemos hablar, por ejemplo, del Principio de Prevención, que nos dice que es infinitamente mejor y más económico evitar el daño ambiental antes de que ocurra, en lugar de intentar repararlo.

Y cuando la ciencia no tiene una certeza absoluta sobre un impacto negativo, la ley nos dota de una herramienta poderosa: el Principio Precautorio, este principio establece que la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente. Enfoques como este demuestran que la ley está diseñada para proteger la vida por encima de los intereses comerciales ciegos.

Sin embargo, un derecho sin un deber es una ilusión. La Ley General del Ambiente es un espejo de doble vía: nos otorga la facultad de exigir un entorno sano, pero nos impone el deber ineludible de contribuir a una efectiva gestión ambiental. Proteger el agua que bebemos, el aire que respiramos, el suelo que nos alimenta y la biodiversidad que nos enorgullece ante el mundo no es una tarea exclusiva del Ministerio del Ambiente o de las municipalidades; es una labor diaria, compartida y obligatoria para cada persona natural o jurídica, pública o privada.

Aquí entra en juego uno de los pilares más realistas de la norma: el Principio de Internalización de Costos, popularmente conocido como el principio de "el que contamina, paga". Toda persona o empresa que realice una actividad que genere un riesgo o un impacto negativo en el ambiente está obligada a asumir los costos de la prevención, mitigación, recuperación y compensación de esos daños. No es justo, ni legal, que una industria genere ganancias privadas externalizando sus pérdidas ambientales hacia las comunidades vecinas o hacia el Estado. El desarrollo económico debe ser honesto y asumir el costo real de su huella en el planeta.

Cada acción cuenta. Cuando una empresa implementa tecnologías limpias, cumple con la ley. Cuando un ciudadano reduce su consumo de plástico de un solo uso o clasifica sus residuos, cumple con la ley. La inacción, el mirar hacia otro lado cuando vemos un río convertido en vertedero o un bosque talado ilegalmente, es una forma de complicidad frente al deterioro de nuestro planeta.

Para que estos principios no se queden atrapados en la tinta de los anaqueles legales, la Ley General del Ambiente diseña el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). Este sistema es el engranaje que articula las políticas del gobierno central, regional y local. Gracias a este marco, contamos hoy con ministerios, organismos técnicos y fiscalizadores como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

La existencia de estos organismos nos recuerda que la gestión ambiental requiere ciencia, rigurosidad técnica y, sobre todo, firmeza política. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) no deben ser vistos por los inversionistas como trabas burocráticas o simples "trámites de aprobación", sino como herramientas científicas indispensables para garantizar que sus proyectos sean viables en el tiempo y respetuosos con las poblaciones locales.

La fiscalización ambiental no es una persecución a la inversión; es la garantía de que las reglas del juego son iguales para todos y que el progreso no se construirá sobre el sacrificio de la salud pública.

El espíritu de la Ley General del Ambiente no busca frenar la economía ni detener las industrias. Al contrario, busca orientarlas hacia el único camino viable para la supervivencia humana: el Desarrollo Sostenible. Esto significa satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Qué les vamos a heredar a los niños del mañana? ¿Cuentas bancarias llenas en un país sin agua potable y con tierras estériles?

Debemos dejar atrás, de manera definitiva, la visión cortoplacista y extractivista que asume que los recursos naturales son infinitos. No lo son. El crecimiento económico que se logra a costa de la destrucción de la Amazonía, de la desaparición de los glaciares andinos o de la extinción de nuestra fauna es un crecimiento ficticio, una deuda que tarde o temprano tendremos que pagar con creces. La verdadera riqueza de una nación no se mide únicamente por su Producto Bruto Interno; se mide por la pureza de sus ríos, la conservación de su megabiodiversidad y, fundamentalmente, por la calidad de vida y la dignidad de su población.

La sostenibilidad es también un asunto de justicia social. Los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, las comunidades nativas y campesinas, son quienes sufren en primera línea los efectos del cambio climático y de la contaminación, a pesar de ser quienes menos han contribuido a generarlos. La ley establece el derecho a la Participación Ciudadana y al Acceso a la Información Ambiental. El pueblo tiene el derecho legítimo de saber qué proyectos se van a ejecutar en sus territorios y cómo afectarán sus vidas. Escuchar sus voces no es opcional; es un mandato democrático.

Las leyes por sí solas no cambian el mundo; son las personas, impulsadas por el espíritu de esas leyes, quienes transforman la realidad. Los invito hoy a romper con la indiferencia. No seamos espectadores pasivos del deterioro de nuestro entorno.

Los convoco a informarse, a usar los mecanismos legales que la ley nos otorga, a participar activamente en la toma de decisiones de sus comunidades, a exigir con firmeza el cumplimiento de las normas ambientales a las autoridades y empresas, y a educar con el ejemplo desde nuestros hogares. La educación ambiental debe ser el motor que transforme nuestra cultura.

Que la Ley General del Ambiente deje de ser vista sólo como un documento jurídico abstracto y se convierta en una filosofía de vida diaria, en una brújula ética que guíe cada una de nuestras decisiones políticas, empresariales y personales.

Cuidemos nuestro ambiente, defendamos nuestra biodiversidad y respetemos la ley; porque al proteger nuestra naturaleza, nos estamos protegiendo a nosotros mismos, estamos asegurando el futuro de nuestra patria y estamos honrando la vida de quienes amamos.

Ahora bien, es probable que muchos se pregunten: "¿Cómo hacemos que esta ley sea una realidad tangible y no solo palabras en un papel?". La respuesta está en las herramientas que la misma Ley General del Ambiente nos entrega. No se trata solo de prohibir, se trata de gestionar con inteligencia.

La ley establece mecanismos como los Estudios de Impacto Ambiental. Estas no son simples trabas burocráticas; son la garantía de que, antes de mover una sola piedra o construir una fábrica, hemos pensado en las consecuencias. Es nuestra oportunidad de decir: "Sí al desarrollo, pero un desarrollo que respete el agua de la comunidad y la pureza del aire".

Hoy, la tecnología nos ofrece soluciones que antes eran impensables. Estamos en la era de las energías limpias, del reciclaje industrial y de la economía circular, donde los desechos de uno se convierten en la materia prima de otro. Las empresas modernas ya no ven la protección del ambiente como un gasto, sino como una inversión en su propia supervivencia. Una empresa que agota sus recursos o destruye su entorno está condenada al fracaso a largo plazo. Por eso, la Ley General del Ambiente es, en realidad, la mejor aliada de los emprendedores que tienen visión de futuro.

Pero no podemos dejarle todo el peso a las empresas o al Estado. La ley también nos habla de la Vigilancia Ambiental Ciudadana. Esto significa que nosotros, los vecinos, los estudiantes, los trabajadores, somos los ojos de la naturaleza allí donde las autoridades no pueden llegar.

Informarse es nuestro primer escudo. Saber qué derechos tenemos nos permite dialogar con respeto, pero con firmeza, ante cualquier actividad que ponga en riesgo nuestro entorno.

La participación ciudadana no es una protesta vacía; es el ejercicio de nuestra democracia para proteger la vida. Cuando un ciudadano pregunta, cuando una comunidad se informa y cuando un joven propone una solución ecológica, la Ley General del Ambiente cobra vida.

Finalmente, miremos a nuestro alrededor. El Perú es uno de los países más hermosos y diversos del planeta. Tenemos una Amazonía que es el pulmón del mundo, una cordillera que nos da agua y una costa llena de vida. Esa es nuestra verdadera herencia, nuestra verdadera cuenta bancaria.

No permitamos que el ruido del presente nos impida escuchar el llamado del futuro. Hagamos que el respeto por el ambiente sea nuestra nueva identidad como país. Que cuando alguien piense en el Perú, no solo piense en nuestra historia o nuestra comida, sino también en el ejemplo de un pueblo que decidió crecer en paz con su naturaleza.